Juan Antonio González Alonso – Attac Oviedo

 

Abril -2016

Me han quitado el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que podría escribir y me han quitado el móvil. Luego firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. El tiempo máximo es de dos horas. y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente. Así es como describe Ernest Urtasun, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Parlamento europeo, tras solicitar leer el contenido del “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) en la “reading room” o sala donde tienen secuestradas las deliberaciones del acuerdo multinacional.

El TTIP es un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos (EE UU) y la Unión Europea (UE) que pretende representar el 30 por ciento de las transacciones comerciales del mundo –mitad del PIB mundial– y que afectaría a 800 millones de personas, pero, como se ve, con absoluta ausencia de transparencia y democracia, incluso para los propios parlamentarios de la UE. Grosso modo, se trata de desplazar las decisiones políticas de los parlamentos e instituciones de la democracia representativa al despacho de las grandes empresas multinacionales, pero barnizando su apariencia de simple tratado comercial.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en abril de 2015 existían 612 TLC, de los cuales los más importantes son “Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA), tratado de libre comercio entre la UE y Canadá; el “Trans-Pacific Partnership” (TPP), tratado entre Estados Unidos y once países del Pacífico; el “Trade in Services Agreement” (TiSA), acuerdo de comercio y servicios entre 24 países, incluyendo la Unión Europea y EE UU, o el propio TTIP. Oficialmente, sus promotores los defienden por llevar en sus venas los valores del libre comercio de las democracias occidentales, pero, en realidad, lo que buscan es proteger a los grandes inversores privados de los parlamentos y estados democráticos y establecer, además, una geoestrategia política en contra de los países emergentes, tales como pudieran ser China o Rusia. Hablan y no paran de los TLC como instrumentos de consenso que ofrecen más empleo y bienestar social para la mayoría, pero, en realidad, lo que traen consigo es más desigualdad a la mayoría de la sociedad y mayores beneficios a las élites, tal como ocurrió con el “North American Free Trade Agreement” (NAFTA), acuerdo entre Canadá, EE UU y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, junto con la revolución mexicana neozapatista, y conviene recordar que en Europa ya existen 123 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Una vieja idea neoliberal es la de que hay que especializarse en la producción internacional para así elevar la productividad y, por tanto, el crecimiento económico mundial que revertirá en el conjunto de la población mundial. Se trata de una falacia de ambigüedad denominada composición que hace confundir la parte por el todo; por ejemplo: dado que una a una, las piezas que componen una máquina son livianas, toda la máquina es liviana, o dado que un autobús gasta más gasolina que un automóvil, todos los autobuses juntos gastan más gasolina que todos los coches juntos. A estas alturas de la narración neoliberal, ya sabemos que el crecimiento económico no tiene por qué revertir en el conjunto de la población; todo lo contrario, la productividad, con su crecimiento económico, ha hecho a los más ricos más ricos y a los más pobres más pobres.

El TTIP parece estar escrito en neolengua, un lenguaje ad hoc para iniciados que evitan la claridad de las intenciones; por ejemplo, regular es sancionar antes que organizar, y hay mucho que regular entre EE UU y la UE por las diferencias comerciales, sociales, políticas, culturales e ideológicas. Para ello, el TTIP quiere imponer una serie de obligaciones que se pueden dividir en dos grandes grupos: a) buenas prácticas reguladoras (más suaves y que se orientan al control de las normas menos conflictivas); y b) cooperación reguladora que es el corazón del TTIP y se refiere al mecanismo de arbitraje sancionador, como puede ser el Investor-State Dispute Settlement (ISDS), una especie de jurado por encima de las constituciones nacionales cuyos miembros serán elegidos por las propias interesadas empresas multinacionales. Seguramente, lo más dañino del TTIP puede estar en el campo de las relaciones laborales; las diferencias entre EE UU y la UE son abismales y una nivelación supondría una baja para los trabajadores y sindicatos de la UE. El “dumping” social –si bien ya está servido– entraría en una carrera sin fondo para ver qué país eliminaría la legislación laboral para atraer la inversión extranjera.

Ninguna operación de maquillaje puede borrar los peligros adversos para la democracia y los derechos humanos de los TLC. El mejor TTIP es el que no existe, y la mejor manera de combatirlo es mediante el empoderamiento ciudadano y la movilidad social, ya que algunos partidos que en sus programas defienden postulados socialdemócratas han quedado retratados votando a favor del TTIP junto a los grupos populares y liberales, tanto en el ámbito europeo como en el doméstico.

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